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Municipios y Derechos Humanos

Guillermo Deloya Cobián
Orden de Gobierno
2018-08-09 01:42:55

El municipio como célula fundamental de gobierno en el esquema constitucional mexicano, adquiere una gran relevancia ante el cambio de gobiernos en los tres órdenes, pero aún más, ante el nuevo esquema de coordinación federal. Considero necesario reconocer que el éxito o fracaso de las políticas públicas a nivel nacional son producto de la agregación de los resultados de su implementación en el ámbito local, lo cual ubica al municipio como un actor esencial en la vida política de México.

Resulta así de vital importancia reconocer de manera expresa al municipio como ámbito de gobierno, no como una simple instancia administrativa y que dicha aseveración no se limite a lo establecido en el artículo 115 Constitucional, si no que permee en la práctica política ordinaria como premisa en la consecución de los grandes objetivos nacionales, entre ellos, el” México en Paz” para garantizar el respeto y protección de los derechos humanos. Seguramente este objetivo del actual gobierno federal, se retomará por el entrante, la pregunta es ¿en qué términos?. 

 ¿Por qué es impostergable establecer una política de Derechos humanos en el ámbito municipal? Recordar que en Puebla se sostuvo como una oferta de campaña del gobierno electo de MORENA. ¿Por qué este problema debe ser atraído por el gobierno municipal? y más pragmáticamente ¿Debe el municipio ampliar sus ámbitos de competencia y priorizar los DHs?

Una respuesta incompleta podría hacer alusión al principio de legalidad por el cual se restringe el ámbito de acción de las autoridades a lo que expresamente se les faculta. Así, la Reforma Constitucional de 2011 en materia de Derechos Humanos faculta al municipio en esta materia: “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos”. Una posición activa al respecto significarían mayores equilibrios nacionales.

 ¿Por qué incompleta? Recordemos que no todas las cuestiones se vuelven públicas ni todas las cuestiones públicas se vuelven objeto de la acción gubernamental. No debemos ignorar que las políticas públicas traen consigo implicaciones políticas, en otras palabras, es necesario elaborar políticas susceptibles de implementación para unir lo deseable con lo posible y para que en coherencia con nuestra hipótesis, el éxito de la política nacional en materia de derechos humanos esté garantizado por la agregación de los resultados obtenidos mediante su implementación en el ámbito local.

Tomando en consideración el argumento anterior, podemos decir que el principal reto de los municipios en materia de Derechos humanos en el marco del federalismo articulado, consiste en consolidar su capacidad institucional para el establecimiento de la estructura de incentivos –reglas del juego– que moldeen el comportamiento de los actores locales hacia un ciclo virtuoso de respeto a los derechos humanos que beneficia a todos, pues en última instancia, el desempeño gubernamental en ambientes democráticos se juzgará por los resultados que se perciban, “en el impacto que tiene en el bienestar material, social o simbólico de la población”, como lo expone Amparo Casal.

 Existen acciones para promover el diseño e implementación de Programas Estatales de Derechos Humanos (PEDH). Dichas acciones han tenido como resultado la publicación de ocho PEDH. Además, los estados de Chiapas, Yucatán, Estado de México, Hidalgo, Puebla, Morelos y Tlaxcala han reforzado trabajos para contar con  este instrumento de planeación, programación, coordinación, articulación, monitoreo y evaluación del quehacer gubernamental. Este actuar debe ser entendido no como un proceso acabado, no como el producto último del ejercicio de consenso social, si no como la hoja de ruta a recorrer para hacer efectivo el goce y ejercicio de todos los derechos humanos de los mexicanos. El siguiente paso debe ser sin duda permear este ejercicio al ámbito municipal, al orden de gobierno más cercano a la ciudadanía.

La situación descrita pone de manifiesto que los ciudadanos y los servidores públicos en el ámbito municipal, deben trabajar juntos para enfrentar los problemas comunes de manera colaborativa en un ambiente de diálogo y así obtener resultados mutuamente benéficos pues, como lo plantea Janet Denhardt “…lo más significativo y valioso de la Administración Pública es que servimos a ciudadanos,… no sólo importa la eficiencia…sino la contribución a una mejor vida para todos...”

 


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