Crimen y castigo, la reingeniería

Con el arranque del Nuevo Sistema de Justicia Penal comienza la verdadera tarea de sustituir el modelo agotado desde hace décadas en la impartición de la justicia en nuestro país, por otro que muestra un mundo que parece de ensueño.

Tome nota de lo que ofrece el nuevo modelo de justicia: Ampliar los derechos de las víctimas, garantizar la reparación del daño, hacer efectiva la presunción de la inocencia, y lo impensable, ponerle un hasta aquí a la corrupción y la tortura, que han minado la confianza en los juzgadores y en las instituciones.

Con el primer minuto del 18 de junio —hace dos días—, entró en vigor la nueva legislación constitucional y la nueva estructura del Sistema de Justicia Penal a niveles estatal y federal.

Se trata de una noticia de gran trascendencia en virtud de los costos sociales que ha implicado el olvido de los derechos humanos de las víctimas, la omisión de los derechos de aquellos acusados injustamente y los enormes costos económicos de un sistema, digámoslo así, podrido por la corrupción a la que nos acostumbraron durante décadas como algo aceptable.

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Casi todos los estudios realizados por organismos nacionales e internacionales coinciden en que el modelo de justicia hoy agotado, contribuyó a apuntalar un círculo vicioso que ha permitido que el crimen domine las abarrotadas cárceles, atestadas de personas que pasan años sin una sentencia, donde es más penado un delito menor (muchas veces por hambre) que uno federal de crimen organizado y en los que los indígenas tienen en el idioma su principal enemigo.

Los abogados y servidores públicos de Ministerios Públicos, juzgados penales y administrativos tienen su propio lenguaje y en este destaca la referencia al “camarón” cuando se trata de casos donde pueden obtener dinero fácilmente. Lo de menos es la justicia.

Los datos son brutales. Estudios de la Comisión Nacional de Seguridad y de la Américas Quarterly tienen cifras similares que indican que cuatro de cada diez personas en prisiones mexicanas, están encerradas sin sentencia.

Hablamos del 41.3 por ciento en 2012, según Americas Quarterly y del 42 por ciento en 2015 según la Comisión Nacional de Seguridad.

El caso encierra un dramatismo que nos muestra a lo que llegó nuestro modelo de justicia agotado.

En 2015, las cárceles mexicanas tenían una población de 257 mil 291 personas, de los cuales 109 mil 086 estaban encerradas sin sentencia. Sí, leyó bien. Lo más grave es que el 51 por ciento de los presuntos delincuentes federales estaban también en el limbo jurídico.

Y repetimos lo que en 2010 habría publicado la CNDH y es escalofriante,  más de las mitad de las cárceles estaban controladas por el crimen organizado. Lo lamentable es que esa situación podría no haber cambiado mucho y tenemos referencia de esto en penales de Nuevo León, Jalisco y del Estado de México.

La mayoría de los detenidos de manera preventiva, pueden permanecer años en prisión y cuando son sentenciados con menos de 5 años, ya cumplieron el castigo.

De acuerdo a Américas Quarterly, el 14 por ciento de los detenidos en prisión preventiva resultaron absueltos y en el 85 por ciento de los casos la detención excedió la sentencia.

La corrupción es un factor presente en toda la cadena. Es un inframundo en el que todos piden dinero. Todo lo mueve el dinero.

Del dicho al hecho

Las autoridades y juzgadores saben ahora que recuperar la confianza de la sociedad será difícil pero no imposible si se cumple con lo que el presidente de la Corte, Luis María Aguilar Morales, planteó y aquí lo citamos: “los derechos de las personas no se negocían, son la garantía de que cualquiera puede ser juzgado conforme al debido proceso”.

Se trata de cambiar actitudes, principios y estructura de quienes administran, imparten y procuran la justicia.

“Los derechos humanos deben ser respetados por todos, nadie es culpable hasta que exista una sentencia firme”.

Esto implica erradicar la tortura y no tolerar a los malos jueces. Ojo, los malos jueces demeritan el trabajo de todos.

Y lo que ya no se creía, el objetivo es esclarecer los hechos, proteger a las personas inocentes, que los culpables no queden impunes y que se repongan los daños causados. A ver, a ver.

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y el titular de la Corte, Aguilar Morales y el Congreso hicieron su tarea. Falta que los juzgadores cumplan y no quede todo en una simulación.

Insistimos. Lo que los ciudadanos esperamos es que estos preceptos se hagan realidad porque como dicen los economistas, el bien más caro es el que no existe, y nos referimos a la confianza.