El ex mandatario poblano, Rafael Moreno Valle, dejó una papa caliente en el rubro de seguridad pública, al actual gobernador del Estado de Puebla, Tony Gali Fayad, por la presencia del crimen organizado en el territorio estatal, por el robo de combustible y por los crecientes indicadores en hechos violentos se la actualidad, aseguró el analista económico Germán Molina Carrillo, quien agregó por ejemplos que en el triángulo rojo, hay un abandono y debilitamiento de los derechos humanos.
El termómetro de la inseguridad, a los cien días de gobierno de Tony Gali Fayad, reveló, es que hay una creciente corrupción de los grupos y los mismo habitantes de la zona defienden la actividad como un tema patrimonial, "si hay una estrategia, será una buena señal para todo el Estado".
Por eso, afirmó que el problema se convirtió en una bola de nieve, porque la misma población está involucrada, por eso, dijo que lo acertado puede ser generar un programa emergente de empleo, que el gobierno poblano destine recursos y aplique otras medidas para evitar que la gente no tenga como alternativa la complicidad con huachicoleros.
Dijo que lo que se vive en las regiones en que se presenta el robo de combustible, es una situación extrema, porque las autoridades locales, municipales y estatales, ya fueron rebasadas, "que entre el ejército, significa que la policía estatal y la Secretaría de Seguridad Pública, ya han sido rebasados", pero además, la entrada de la Marina muestra que hay estado de excepción en esos municipios
Los arcos de seguridad no han funcionado en la región del triángulo rojo, pero además, alertó que el respeto a los derechos humanos de los habitantes se va debilitar, porque también la autoridad estatal de Derechos Humanos, también están rebasados, por eso, Molina Carrillo, lamentó que el problema del robo de combustible se haya dejado crecer.
Aseguró que no hay aprehensión de los grupos de la delincuencia y de los cárteles en esa zona, pero además, dijo que falta mucha información de la estrategia de parte de las autoridades estatales y federales, porque también la CNDH está preocupada por la militarización de esa zona y no hay investigación sobre autoridades involucradas.
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