Crímenes de odio, matrimonio igualitario y derechos humanos

El 30 de septiembre Paola, un transexual que ofrecía servicios sexuales en la colonia Guerrero de la Ciudad de México fue muerto de dos tiros calibre .9 milímetros. Un proyectil le destrozó los pulmones; otro, entró por la barbilla y salió por la cabeza cuando un cliente se percató de que en realidad, se trataba de una mujer en el cuerpo de un hombre.

La escena de Paola sin vida en el interior del auto (Nissan March color gris con placas MXB-6583)  fue registrada por un teléfono móvil y subida a YouTube, un video que también registra la tragedia al rededor: abundan gritos y dolor que envuelven el cuerpo inerte.

El probable homicida fue liberado luego de 48 horas, pues de acuerdo con versiones disponibles no pudo ser sometido a la ley penal vigente. El Ministerio Público no encontró pruebas suficientes para vincularlo a proceso por el delito de homicidio calificado. La impunidad que lastima en general, en el caso particular, es doblemente ofensiva, por tratarse de un crimen de odio.

Subrayar esa condición es indispensable para entender el grado de peligrosidad que enfrentan homosexuales, lesbianas y todas las variantes de la vida adulta y su sexualidad. No solo supone el rechazo y el estigma, sino la ausencia de solidaridad y comprensión por un sector conservador que se resiste a admitir la existencia de un creciente número de personas que deciden por una actividad sexual distinta.

No existe un censo que nos diga con precisión cuantos homosexuales, lesbianas, transexuales, transgéreno o intergénero existen, pero hay una aproximación. De acuerdo con organizaciones no gubernamentales, entre 10 y 15 por ciento de la población en general tiene una orientación diversa a la heretosexual, lo que supondría que 12 millones de mexicanos viven su intimidad como mejor les place.

No es una minoría sexual, como se ha pretendido soslayar desde sectores conservadores. Más aún, algunos de los integrantes de la comunidad LGBT están ahí, agazapados detrás de las puertas del clóset en donde habitan las ‘mejores’ familias, de mayor posición social, económico o político sin decir su verdad por el temor de sufrir una reprimenda como la que debió enfrentar Paola, el transexual de la Guerrero que murió de dos balazos, el 30 de septiembre.

La decisión de impulsar el matrimonio igualitario significa reconocer desde el poder público una realidad que ha sido negada de manera reiterada por un sector conservador entre quienes se encuentran la iglesia católica, un grupo de laicos y legisladores de Acción Nacional y el Revolucionario Institucional, de Nueva Alianza y el Verde Ecologista.

La iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto parece seguir en el baúl legislativo sin que exista una posibilidad de que vaya ver la luz pública, al menos por las bancadas dominantes en el Congreso de la Unión.

En paralelo existen conversaciones entre grupos legislativos del PRD, Movimiento Ciudadano y del Trabajo para terminar con la congeladora legislativa a donde fue enviado el documento de Peña Nieto. Morena, el partido de Andrés Manuel López Obrador es un enigma, nadie se ha pronunciado en este contexto.

Es preciso subrayar que esa sola condición permite ver un panorama incierto. La voluntad política no es recurrente cuando se trata de construir consensos en torno de la agenda de la izquierda como el reconocimiento de la existencia del homosexualismo entre nosotros y la promoción de las garantías individuales, tan necesarias para ir atajando el camino a la barbarie y sus crímenes de odio.