Propone PRD fiscalizar estancias de adultos mayores en CdMx

Para evitar maltrato, violencia física, psicológica y sexual en albergues o casas-hogar, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) propondrá cambios legales que permitan fiscalizar las estancias de los adultos mayores en la Ciudad de México.

Elizabeth Mateos, presidenta de dicha comisión, dijo que con frecuencia los abuelitos sufren maltrato, se les despoja de su patrimonio o son internados en centros de asistencia donde también son víctimas de agresión, sin que conozcan sus derechos y queden imposibilitados para denunciar esos abusos.

Por ello, la diputada local del PRD adelantó que promoverá ante el pleno de la ALDF una legislación que vigile las estancias en la capital, con la promoción y salvaguarda de la integridad física y mental, además de que los adultos mayores reciban un trato digno.

Explicó que los cambios contemplan la creación de la Ley de Albergues y Centros de Día Privados para Personas Adultas Mayores, propuesta por el diputado Carlos Candelaria, y de la Ley de Albergues Privados para las Personas Adultas Mayores promovida por el priista Adrián Rubalcava, así como reformas a este último ordenamiento por parte de la panista Lourdes Valdez en la ALDF.

Mateos Hernández recordó que los adultos mayores representan 10.8 por ciento en el país y 11.3 por ciento en la Ciudad de México, los cuales enfrentan insuficiencia de ingresos y la falta de protección social, que se traduce en un deterioro de su calidad de vida, exclusión social y una mayor dependencia de otras personas.

Señaló que la Secretaría de Desarrollo Social federal reconoce la prevalencia de un mayor porcentaje de analfabetismo y un nivel educativo bajo entre personas mayores de 70 años, lo que disminuye sus oportunidades de autosuficiencia.

La legisladora perredista expuso que este grupo de población también es excluido de la seguridad social en los contratos laborales y se les niega atención a la salud o la reciben de muy baja calidad.

Las personas adultas mayores, concluyó, enfrentan situaciones  familiares, sociales e institucionales adversas que deterioran su calidad de vida y su dignidad, y pese a los avances legislativos aún están fuera de tener garantizado su derecho a la vivienda, salud o vestido.