Más de la mitad del territorio nacional afectado por la desertificación donde viven 63 millones de personas, según cifras de la Comisión Nacional Forestal.
La degradación de las tierras puede tener efectos devastadores e irreversibles para la población y el medio ambiente, al provocar aumento en los fenómenos migratorios y desplazamiento forzado interno, lo que profundiza los índices de pobreza y repercute en la estabilidad económica y el desarrollo sostenible.
Así lo advirtió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el marco del Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía -que se celebra el 17 de junio-, tras señalar la obligación de las autoridades de los tres órdenes de gobierno de adoptar marcos programáticos e institucionales para garantizar la gestión federal sostenible, la restauración y conservación de los suelos.
De acuerdo con estimaciones del estudio para la determinación de la Línea Base Nacional de Degradación de Tierras y Desertificación, realizado en el 2013 por la Comisión Nacional Forestal, el 63.02% de la superficie nacional está afectada por la desertificación, en mayor o menor medida.
En dicha área, abundó el reporte, habitan aproximadamente 63 millones de personas, "lo que indica que el problema asociado a la disminución o pérdida de la capacidad productiva de las tierras del país es grave"; por lo que resulta imperativo establecer planes y acciones encaminadas a revertir este proceso.
Asimismo, señaló que habitantes de "17 de las 20 ciudades más pobladas del país están viviendo en zonas afectadas por procesos de degradación de tierras, sequía y desertificación".
Al respecto, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) destacó que la degradación se refleja en la disminución de la capacidad del ecosistema para producir bienes y servicios ambientales.
Es el resultado de una compleja interacción de factores naturales y socioeconómicos como el tipo de suelo, el relieve, la vegetación y el clima, así como la densidad poblacional, la tenencia de la tierra, las políticas ambientales y los usos y gestión del suelo, puntualizó.
Ante ello, la CNDH demandó atención urgente de autoridades federales, estatales y municipales y de la sociedad en su conjunto para impulsar políticas del uso racional del agua, la plantación de árboles y generar conciencia de que debemos prevenir los cambios climáticos como consecuencia de sequías y desertificación.
Indicó, asimismo, la importancia de incentivar en los sectores agrícola y ganadero la realización de prácticas sostenibles de producción, para aprovechar de manera adecuada el alto potencial de recursos con que cuenta nuestro país y promover la participación e involucramiento de la población en su desarrollo y ejecución.
Al rechazar el uso insostenible de la tierra, el organismo llamó a la población cambiar los hábitos de consumo no sostenibles e instó a las autoridades de los tres órdenes de gobierno para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, promuevan políticas públicas en materia de gestión forestal sostenible, conservación y protección de los suelos, en que se incentive al sector agrícola y ganadero a realizar prácticas sostenibles de producción.
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