Avala INE multas por 872.6 mdp por faltas en fiscalización

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) avaló sanciones a candidatos y partidos políticos que participaron en el proceso comicial por 872.6 millones de pesos, por irregularidades en la fiscalización de ingresos y gastos de campaña.

En sesión extraordinaria se discutieron y aprobaron en lo general, con nueve votos a favor y dos en contra, los dictámenes de unos 17 mil 699 candidatos de todos los niveles, e informó que el dinero involucrado en las campañas, de ingresos y gastos, fueron 10 mil 500 millones de pesos, por lo que las sanciones representan aproximadamente ocho por ciento de esos recursos.

Esos dictámenes se remitirán al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), con el fin de que después de revisarlos y avalarlos, se califique y valide la elección federal, y el miércoles, como se tiene previsto, se entregue la constancia de presidente electo a Andrés Manuel López Obrador.

El consejero presidente, Lorenzo Córdova, señaló que al haberse resuelto la fiscalización de los gastos de campaña en la elección federal, de las campañas de los candidatos presidenciales y que no hubo un rebase en el tope de gastos, por lo que instruyó al secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo, se le comunique por escrito a la Sala Superior del Tribunal Electoral federal.

Al exponer el proyecto de los dictámenes propuestos para la fijación de multas por irregularidades, el consejero Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Fiscalización, destacó que el propósito de la fiscalización es asegurar la legalidad en el uso del dinero en las campañas, así como disminuir el riesgo de que recursos ilegales o uso desproporcionado pueda lesionar la contienda.

Informó que mediante el Sistema Integral de Fiscalización se recibieron 30 mil 512 informes durante los tres periodos regulares de presentación y, ante observaciones de la Unidad Técnica de Fiscalización, los sujetos obligados remitieron 27 mil 051 informes más.

De acuerdo con Murayama Rendón, en esta contienda electoral sí hubo condiciones adecuadas de competencia, por lo que partidos y candidatos sin mayores recursos privados pudieron competir en posibilidades de ganar.

Indicó que gracias la labor de recabar información propia, se detectaron 184.1 millones de pesos de gasto que no fueron reportados, lo que representa 3.54 por ciento del que sí se rindió cuentas.

“Es una mejoría considerable frente a otros procesos, como el de 2017, donde los gastos no reportados fueron de 30 por ciento del total. En esta fiscalización se comprobó que cinco candidatos a un puesto de elección popular rebasaron los topes de gasto de campaña, y, paradójicamente, ninguno resultó ganador en las urnas”, dijo.

Las sanciones se distribuyen de la siguiente manera: 89 millones de pesos al Partido Acción Nacional (PAN); 186 millones al Partido Revolucionario Institucional (PRI); 66.9 millones al Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Además, 107 millones al Partido Verde Ecologista de México (PVEM); 100 millones al Partido del Trabajo (PT); 36.7 millones a Movimiento Ciudadano; 28.4 millones a Nueva Alianza; 139.5 millones a Morena; 74.4 millones a Encuentro Social y 44.2 millones a partidos locales.

En esta sesión se votó el cambio de criterios para calcular los montos de las sanciones, es decir, con esta modificación lo que se sancionaba con una multa de 150 por ciento, como era el dinero no reportado al INE, ahora, será de ciento por ciento, a lo que la consejera Pamela San Martín, votó en contra.

"Con los criterios que tradicionalmente ha utilizado el INE, las mismas sanciones sumarían más de dos mil millones de pesos, en resumen, estamos reduciendo las sanciones en más de mil millones de pesos frente a los criterios del pasado inmediato”, argumentó.

La consejera Beatriz Zavala justificó el cambio al señalar que en esos momentos no prevalecen las mismas condiciones que en procesos electorales o incluso durante las precampañas.

Reconoció que las sanciones serán más bajas y llamó a los partidos a asumir el compromiso social de formación para que en la próxima fiscalización se rindan mejores cuentas y no caigan en la reincidencia, ya que después de esto, ya será posible aplicarlo.