Pruebas de confianza, pretexto perfecto para despedir policías

En teoría, mil 164 personas habrían causado baja de las áreas de Seguridad Pública Estatal y Municipal, Prevención y Reinserción Social y Fiscalía General del Estado (FGE), debido a que reprobaron sus exámenes de control de confianza.

Sin embargo, nadie lo ha comprobado. En los ayuntamientos, los alcaldes están reticentes a despedir a sus elementos. En la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y Fiscalía General del Estado (FGE) no han informado al respecto.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), al corte del 31 de octubre de 2015, de los 11 mil 419 policías estatales y municipales, custodios y agentes investigadores y del Ministerio Público, 897  habrían tenido que dejar sus uniformes por reprobar la evaluación.

El pasado 31 de julio, el organismo informó que el universo local sometido a evaluación de control de confianza y certificación al personal del servicio profesional de carrera de las instituciones de Seguridad Pública, sumó 10 mil 723 elementos, de los cuales 267 dejaron el servicio público:

De la Policía Preventiva Estatal, 3 mil 171 efectivos fueron evaluados y 32 (1 por ciento) reprobaron; en tanto, 490 custodios y mil cinco agentes ministeriales se sometieron a este examen y otros 35 (15 y 20, respectivamente) tampoco pasaron sus exámenes.

Cabe destacar que de los 5 mil 57 policías adscritos en los 217 municipios de la entidad, 200 no aprobaron y deberían de haber dejado las filas de sus corporaciones; en tanto, otros 100 todavía tienen pendientes sus resultados.

La proporción a la fecha establece que 9 de cada 100 uniformados que han sido evaluados, de acuerdo con los parámetros del SESNSP, han reprobado y causado baja prácticamente en forma inmediata.

Evaluación por ley

Es necesario recordar que desde 2014, el seguimiento de avances en evaluación y certificación, se centra en el personal del Servicio Profesional de Carrera de las Instituciones de Seguridad Pública y sus altos mandos, y excluye al personal administrativo y la policía complementaria u homóloga.

El proceso está dividido en tres días y consta de exámenes toxicológicos y psicológicos e investigación de antecedentes, además de evaluaciones socioeconómica, médica y poligráfica y, finalmente, visita domiciliaria.

La evaluación local está a cargo del Centro de Evaluación y Control de Confianza de Puebla ya está reacreditado por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación del SESNSP, de acuerdo con la normatividad vigente desde 2010.

Los datos obtenidos con este proceso permiten la conformación del Sistema Integral de Centro de Control de Confianza (SICCC), el cual sirve para monitorear el procedimiento de gestión de las evaluaciones de confianza, desde la solicitud de las mismas hasta la emisión de un resultado, permitiendo el trámite y seguimiento de los elementos.

Con tal información a la mano, el consultor en temas de Seguridad, Eduardo Vázquez Rossainz, consideró que el siguiente paso en este proceso sería que la información compilada a nivel nacional sirva para labores de investigación de los tres órdenes de gobierno.

Empero, antes de dar este paso consideró urgente que la Comisión de Seguridad Pública del Congreso local realice una supervisión sobre la depuración en las corporaciones, tras la aplicación de los exámenes de control de confianza, poner especial atención en los elementos que dieron positivo en "vínculos con criminales", pues hay dudas respecto a que causaron baja.

El exdirector general del Centro de Emergencias y Respuesta Inmediata (CERI), aseguró que los presidentes municipales están reticentes a dar de baja a todos los policías que reprueban; por tanto, optan por mantenerlos en sus corporaciones y someterlos a procesos de observación hasta comprobar por qué no pasaron sus exámenes, lo cual no debería pasar con aquellos quienes tendrían complicidad con delincuentes.

Según Vázquez Rossainz, la evaluación de control de confianza se lleva a cabo en Puebla, debido a que nadie quiere quedarse sin recursos del Fondo de Aportaciones a Seguridad Pública; pero insistió que el problema no radica en la aplicación de estas evaluaciones, sino en los obligatorios despidos.

Delitos con uniforme

Con esta visión podría explicarse la comisión de delitos por parte de los uniformados, como el caso de Marco Antonio Estrada López, exdirector de la Policía Estatal, y Tomás Méndez Lozano, exjefe del Grupo de Operaciones Especiales (GOES), quienes son procesados por el delito de sustracción de hidrocarburos.

Estrada López y Méndez Lozano fueron detenidos por efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) el 14 de julio de 2015, cuando custodiaban 31 vehículos que transportaban combustible robado en Tepeaca.

En 2015, Ricardo Cadena Becerra fue asesinado por el entonces subdirector de la Comisaría Municipal de San Pedro Cholula, Jaid Mothe Hernández, quien sometió al joven y en el piso le disparó a quemarropa.

En 2014, los elementos de la SSP, Juan Carlos Moreno Pérez y Eulogio Hernández Calleja fueron encarcelados en el penal de San Miguel en Puebla, acusados de los delitos de extorsión y secuestro exprés.

Ese mismo año, Ana Lidia Peláez Flores fue ultimada por los policías municipales de Amozoc, Quirino Machorro Gómez, Erik Luna Mozo y Ricardo Gutiérrez Alfaro, quienes secuestraron a la mujer en una patrulla y solicitaron rescate a sus familiares, pese a que ya habían terminado con su vida.